REFLEXIONES ACERCA DEL PRESENTE Y EL FUTURO DEL SISTEMA PREVISIONAL PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. IPS.
La decisión del gobernador Scioli de “suspender” el tratamiento de la reforma previsional de la provincia de Buenos Aires, es indudablemente un triunfo de los aportantes y beneficiarios del IPS, que mediante la fuerte movilización y la instalación del tema que sus entidades gremiales y asociaciones de pasivos lograron, posibilitaron este momentáneo desenlace.
Pero me parece absolutamente imprescindible, alertar que se trata de un triunfo parcial, ya que la situación de fondo sigue sin resolución. El gobierno le sigue debiendo al sistema 1600 millones de pesos (a valores nominales), y por otra parte, al no existir nueva legislación que regule el funcionamiento del sistema previsional, lo que se ha logrado es sostener un status quo perjudicial para el sistema previsional público de la provincia.
Por la actual legislación el gobierno provincial puede tomar los excedentes del IPS y canjearlos por letras de tesorería, que reportan un interés mínimo, apenas del 2% anual, que licúa el valor de los aportes, por lo que creemos imprescindible dar una discusión seria sobre el tema, que desemboque en una legislación que contemple los intereses del sistema previsional bonaerense y ponga límites a la discrecionalidad con que hoy, el gobierno provincial se apropia de esos recursos.
Es por ello que llegó la hora de dejar de lado las consignas, que fueron útiles para impedir la aprobación de un mal proyecto, pero que requieren profundizar en la problemática y ponerse a trabajar en serio en pos de elaborar una adecuada legislación para los próximos treinta años del sistema previsional público en nuestra provincia.
Hagamos, pues, un poco de historia para tratar de esclarecer sobre el tema.
El sistema previsional público de la provincia consta de tres cajas diferentes y autónomas, según el art.40 de la Constitución Provincial :
- La caja de la policía de la provincia, cuyas cuentas tienden al superávit, luego de algunos años con pequeños déficit y representa el 9% del total del sistema previsional público de la provincia.
- La caja del BAPRO, que ronda los 100 millones de pesos anuales de déficit y significa sólo el 2% del sistema.
- El instituto de previsión social, cuyo superávit en los últimos cuatro años es de 1600 millones de pesos y que este año se estima en 750 millones, representa el 89% del sistema y se compone de cuatro subsistemas: magisterio, muy superavitario, servicio penitenciario, equilibrado, municipal y administración provincial, ambos deficitarios.
El total del sistema tiene alrededor de 900.000 agentes entre aportantes y pasivos, lo que lo constituye en el mayor de la Argentina, luego del anses, y además en el mejor sistema solidario de reparto de Latinoamérica. La masa de aportes anuales estará al fin del corriente año rondando los 5.000 millones de pesos, y tiene un sistema de movilidad en términos relativos bueno, aunque mejoraría sustancialmente si la provincia y los municipios, no abusaran como lo hacen de los conceptos salariales sin aportes.
En el marco de la supuesta autonomía de las cajas el IPS, tiene un directorio compuesto por un presidente, designado por el gobernador y ocho directores, cuatro de ellos designados también por el gobierno provincial y cuatro propuesto por los actores del sistema, es decir gremios y pasivos, pero también designados por el gobierno provincial.
Podrá advertirse que con esta composición del directorio la autonomía no es más que un enunciado, y será fácil deducir también porque mansamente el IPS toleró que la provincia se quede con sus activos.
Se ha manifestado repetidamente en estos días que el gobierno se quería quedar con el dinero del IPS, lo que llenó de indignación a los empleados provinciales, pero la verdad es aún peor, la provincia ya se quedo con ese dinero, en realidad nunca se lo giró al Instituto. La mecánica de estos años fue darle al IPS lo que faltaba para completar las jubilaciones luego de obtener los aportes de los empleados, y el resto de aportes patronales que le corresponde, se los otorgaba en letras de la tesorería, o simplemente no se los pagaba. Es así que creció la deuda del estado provincial hasta la suma de 1600 millones que hoy tiene, parte garantizada con papeles y la mayor parte si ningún tipo de activo mas que la certeza de que existe la deuda. Cabe aclarar que se trata de valores nominales, lo que torna más injusta la situación, ya que este es el quinto año consecutivo de superávit, por tanto los aproximadamente 300 millones de 2004, están referido al valor de aportes de ese año, no al valor actual, e igual con los años sucesivos, cualquier sistema de actualización llevaría la deuda a más de 2400 millones de pesos.
En síntesis, durante los gobiernos de Solá y Scioli, el Estado provincial ha financiado parte de su déficit estructural echando mano en forma autoritaria a los aportes de sus empleados. Está claro que no han tenido el mismo temperamento con el gobierno nacional, al que en una actitud de sumisión incomprensible, jamás reclamaron lo que a la provincia le corresponde por coparticipación, de acuerdo a la actual legislación, unos 5000 millones por año.
De este análisis se desprende a nuestro entender la necesidad de trabajar sobre herramientas legales que regularicen la situación del instituto. En ese sentido desde el bloque de la UCR hemos elavorado un proyecto de ley, mediante el cual reformamos la carta orgánica del instituto, básicamente en la composición de su directorio, haciéndolo mas plural y representativo, un directorio que negocie con el gobierno provincial el tratamiento del actual y futuro endeudamiento y la calidad de los títulos con que se garantizará dicha deuda, sobre todo en su garantía, duración y tasa de interés, estableciendo un piso de disponibilidad en efectivo para el instituto que le permita llevar adelante acciones de carácter social en beneficio de sus aportantes y pasivos, por ejemplo otorgar préstamos a tasas razonables a sus propios afiliados, que hoy se ven estafado por mutuales o financieras que habiendo obtenido código de descuento sobre sus haberes le cobran tasas de 40 o 50 % anual, o financiar planes de viviendas en conjunto con los gremios, de acuerdo a su masa de afiliados, entre otros emprendimientos que puedan elaborarse.
Se trata de cambiar la lógica actual, por la que el gobierno se lleva lo que quiere, por la lógica de que un directorio de composición plural y técnicamente capacitado disponga cuanto le presta, por cuanto tiempo, con que garantía y a que tasa.
La estrategia del bloque no es presentar el proyecto para que sea girado a comisión sin debate y duerma allí el sueño eterno, sino ofrecerlo como base de un debate serio sobre el tema, con la aspiración de encontrar el consenso mínimo de que se requiere una ley para regular el funcionamiento del sistema previsional, y desde allí, confluir en una mesa de negociación con todos los actores, para garantizando el futuro del sistema.
Creemos que el primer destinatario de los excedentes del IPS, debe ser la provincia, pues ella será quien en caso déficit lo auxiliará, como ha ocurrido en el pasado, o como ocurre con la caja del BAPRO, pero no a tasas que licúen el superávit, ni en forma ilimitada.
Para finalizar, reiteramos que se ha obtenido un triunfo parcial, y solicitamos que se mantenga la atención sobre este tema, no se puede bajar la guardia y encontrarnos con que en períodos de mayor tranquilidad, el oficialismo termine convalidando el despojo que viene sufriendo el IPS.
Para resolver definitivamente este tema se requiere del compromiso permanente de los activos y pasivos, no solo en la movilización, sino en el diseño de una ley que garantizando sus derechos, nos brinde un horizonte previsible para las próximas dos o tres décadas del sistema previsional público de la Provincia de Buenos Aires.
La Plata, Septiembre del 2008
