POR JORGE LAPEÑA, EX SECRETARIO DE ENERGÍA
El problema energético es muy grave, y evolucionará desfavorablemente en los próximos años; tiene características estructurales y no será ni rápido, ni fácil, ni poco costoso revertirlo. Es la crisis energética siempre negada que finalmente no hubo más remedio que salir a blanquear .
La presidenta hizo el 25 de enero la presentación pública: las importaciones energéticas tenían una magnitud y una velocidad de crecimiento interanual insostenible. Luego los gobernadores de las provincias petroleras y los funcionarios del Gobierno con la declaración firmada el jueves dieron el toque final: la producción de petróleo cae desde hace 14 años y la de gas natural desde hace 7; las reservas disminuyen dramáticamente en los últimos 10 años y la apuesta al shale gas y al shale oil , que eran el corazón del discurso oficial en los últimos meses, no revertirán la situación. Entre ambos eventos mediaron 15 días; fueron días de silencio oficial colmados de rumores que derrumbaron las acciones de YPF en los cuales se empezó a hablar de reestatización de la compañía.
De la lectura de los anuncios oficiales no se desprende sin embargo que el blanqueo de la crisis haya desembocado en una crisis política en el Gobierno; dicho de otra forma: todo indica que el Gobierno no asume su responsabilidad y busca endosarla.
La idea oficial acerca de que la responsabilidad no está en el Gobierno sino en las empresas es falaz y en cierto modo “cazabobos”. Después de 8 años de gobierno esa responsabilidad es intransferible.
Cae el telón sobre la política ultra liberal de los 90. La idea de un mercado que todo lo resuelve y un Estado nacional que se borra y deja de ejercer sus roles indelegables debe ser definitivamente sepultada. Este es el triste final y hay que cambiar la política ya. Pero los gobiernos provinciales que han vivido en su mayoría en estos años prorrogando concesiones y otorgando en muchos casos permisos de exploración a empresas sin experiencia que han especulado con la tenencia de las mismas, y el propio Gobierno no deben hacerse los distraídos.
Está por verse, y debe analizarse mediante auditorías independientes, cuál es la real responsabilidad de cada empresa, pero me interesa que no perdamos de vista las responsabilidades políticas y legales del Gobierno: éste tiene por ley la función de fijar la política nacional de hidrocarburos y no lo hizo; debió haber hecho planes estratégicos y no lo hizo; debió controlar a las empresas y no lo hizo; debió haber anticipado y transparentado esta situación y tampoco lo hizo.
Muy particularmente quiero destacar que se debió haber lanzado hace muchos años una política exploratoria activa –la última y muy exitosa que Argentina tuvo se llamó Plan Houston y fue de Raúl Alfonsín– para incorporar nuevos yacimientos y tampoco se hizo, dilapidando un tiempo precioso.
No se saldrá de esta situación comprometida si no se realiza un cambio de política; un cambio de organización sectorial y un nuevo marco legal que reemplace la obsoleta legislación actual. La salida debe ser consensuada; la idea a trabajar es la política de Estado. Para eso algo debe cambiar y alguien debe hacerse responsable de lo actuado.
